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Autor Tema: LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ Y LAS TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS  (Leído 1277 veces)

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LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ Y LAS TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS
« en: Viernes 23 de Jun, 2006, 23:23:56 pm »
LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ Y LAS TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS
Fernando Guzmán Mora, MD
Médico Cirujano Cardiovascular y de Tórax. Departamento de Cirugía, Fundación Santa Fe de Bogotá. Presidente Federación Médica Colombiana
Introducción

Dentro de las sectas religiosas, con su acervo de creencias y actitudes, una en particular ha obligado a médicos, abogados y moralistas a pensar respecto de un aspecto tan delicado como intervenir casos de alto riesgo sin la utilización de elementos tan importantes como la sangre y sus derivados.

El siguiente escrito es fruto de una serie de reflexiones sobre el particular, luego de consultar varios expertos en la materia, partiendo de una pregunta básica: En casos graves que requieren intervención quirúrgica, qué tan aconsejable es plegar el ejercicio médico a los requerimientos de un paciente que se niega a ser transfundido, convirtiendo un acto médico en una práctica espúrea que viola la Lex Artis , el principio de prudencia y la bases éticas de un ejercicio profesional para el cual hemos sido educados durante toda la vida?

Por otro lado, las difíciles circunstancias que rodean la profesión en nuestro medio, vuelven intolerable el agregar nuevos elementos de angustia a un ejercicio médico golpeado por todos los lados y a un profesional que ahora trabaja excesivamente, con remuneraciones ridículas, sometido a una enorme presión legal, con un gran volumen de pacientes, bajo la auditoria de una «calidad» exigida a todo nivel y, encima de todo, teniendo que adaptar sus principios científicos a creencias y fanatismos de todo tipo que en nada va a aliviar esta dura situación.

La autodeterminación de las personas
El principio de libertad hace de los actos del ser humano una manifestación de su soberana determinación personal. La autonomía que consagra y ampara la Constitución Política de Colombia como desprendimiento de esa libertad (artículos 13, 16 y 28), está implícita en las decisiones de quien se somete a un tratamiento médico. Incluso, como se ha recordado por la Corte Constitucional , cuando esas decisiones "se toman de manera imprudente o en perjuicio de la salud.

Esta perspectiva considera peligrosa la posibilidad de reservar un derecho de intervención en aquellos eventos en los cuales el médico piensa que el paciente ha tomado la opción equivocada. El principio de autonomía permanece incólume aun cuando la persona elige de manera consciente un camino que no conduce al beneficio de su mejor interés. Esto es lo que en filosofía se conoce como 'voluntad débil'. El derecho de los fumadores, por ejemplo, se funda en este tipo de justificación. No obstante la certeza del mal que produce el consumo del cigarrillo, se supone que el valor de la autonomía está por encima del perjuicio que pueda derivarse de la opción escogida" (Sentencia T- 401/94 Corte Constitucional).

En esta forma se entiende que ante el riesgo, más o menos grande, que entraña toda intervención médica, corresponde al paciente, y no al médico, tomar la decisión y asumirlo. Si el paciente no está de acuerdo con la opción que el médico le presenta, puede elegir libremente a otro profesional que se haga cargo del asunto. Si el paciente propone o escoge una opción con la que el médico tratante no convenga, puede retirarse del tratamiento, como lo autoriza el artículo 7 de la Ley 23 de 198 1, que a la letra dice:

"{...}cuando no se trate de casos de urgencia, el médico podrá excusarse de asistir a un enfermo o interrumpir la prestación de sus servicios, en razón de los siguientes motivos: {...}c) que el enfermo rehuse cumplir las indicaciones prescritas".

En la órbita penal hay necesidad de hacer una aclaración: no hay delito en atentar contra sí mismo, contra su salud o contra su propia vida. El reconocimiento del principio de autonomía ha sido permanente en el derecho penal, que solamente castiga los comportamientos que atenten contra otra persona o contra la sociedad. El artículo 327 castiga la inducción o la ayuda al suicidio que 'otro' preste al suicida, quien (dicho sea de paso) actuará según su designio, sin miedo a la sentencia del juez. Pero el médico que lo induzca o que le preste ayuda será castigado con prisión de dos a seis años.

Obviamente, el principio de autonomía del paciente tiene un límite: el del actuar ético del médico, que ha jurado servir a la humanidad respetando la Ley. Por ello, cualquier determinación del paciente, por más 'libre y autónoma' que se pretenda, no obliga a un profesional que considere esta decisión absurda o contraproducente. Secundar al enfermo en su irresponsabilidad es participar conscientemente del daño que esa decisión pueda producirle.

Porque se trataba, realmente, de un grave problema médico-jurídico: el médico prescribe, con el conocimiento y autoridad que le da su ciencia, lo que considera mejor para el paciente. Sin embargo, a veces el paciente no está de acuerdo con el tratamiento establecido por el facultativo, por muy diversas razones (filosóficas, religiosas, económicas, etc), incluida la sinrazón del simple capricho. Y ante tal conducta, teniendo en cuenta los valores de libre desarrollo de la personalidad y de autonomía (art. 16 de la Constitución Política ), y la prohibición de obligar a que otro adopte un comportamiento contrario a los dictados de su conciencia (art. 78 de la Constitución Política ) ¿qué debe hacer el médico?

Respetar la autonomía del paciente (Sentencia T-401/94 Corte Constitucional): "En caso de disputa entre el médico y su paciente, debida al tipo de tratamiento que debe ser llevado a cabo ¿puede aquél decidir y prescribir el sistema que considere más adecuado, aun en aquellos casos en los cuales el enfermo no está de acuerdo con la decisión tomada? {...} La curación es un fenómeno global y complejo que incluye aspectos físicos y síquicos. La profesionalización de la medicina ha conducido a una subestimación del elemento discursivo y simbólico de la relación clínica. La comunicación entre médico y paciente no sólo es importante desde el punto de vista del respeto de la dignidad humana, sino también desde la perspectiva terapéutica".

El bienestar físico del paciente ha constituido el objetivo esencial de la práctica médica tradicional. De acuerdo con ese propósito, no siendo el enfermo depositario del saber necesario para curar la enfermedad, sus opiniones resultan indiferentes al momento de tomar las decisiones relativas a los medios curativos.

Esta visión paternalista ha sido puesta en tela de juicio en la última mitad del presente siglo, como consecuencia de la trascendencia adquirida por los valores de la autonomía personal, la autodeterminación y la dignidad. A partir de estos cambios axiológicos se ha planteado la posibilidad de modificar los términos tradicionales de la relación clínica, de tal manera que el médico condicione su asistencia al consentimiento del paciente. De acuerdo con estos nuevos supuestos, nada impide que el enfermo tome decisiones que no conduzcan a su bienestar físico.

"Mientras la ética tradicional se orienta hacia los resultados, la concepción, autónoma considera que éstos sólo tienen una importancia relativa. {...} Del principio general de libertad emana el derecho específico de la autonomía del paciente que le permite tomar decisiones relativas a su salud {...}" La posición autonomista aboga por el respeto de las decisiones personales incluso cuando se toman de manera imprudente o en perjuicio de la salud{...} el principio de autonomía permanece incólume aun cuando la persona elige de manera consciente un camino que no conduce al beneficio de su mejor interés. Esto es lo que en filosofía se conoce como 'voluntad débil'

La perspectiva paternalista tradicional objetiviza al paciente y subordina su libertad al aparato eficientista hospitalario {...} la efectividad del principio de autonomía está ligada al consentimiento bien informado.

Al vincular la variable del consentimiento con el tipo de intervención, resultan cuatro situaciones cuya solución normativa demanda un análisis específico (intervención extraordinaria con o sin consentimiento e intervención ordinaria con o sin consentimiento). De todas ellas la que con mayor facilidad se presta a una respuesta es aquella que combina la capacidad para consentir con la intervención extraordinaria.

En tales circunstancias no parece haber dificultad en aceptar una concepción autonomista que condicione la acción médica a la manifestación volitiva del paciente. Así lo ratifica, además, el artículo 15 de la ley 23 de 1981".

Las anteriores apreciaciones resultan válidas, porque {...} cada quien es libre de decidir si es o no el caso de recuperar su salud {...}. Si yo soy dueño de mi vida, a fortiori soy libre de cuidar o no de mi salud cuyo deterioro lleva a la muerte que, lícitamente, yo puedo infligirme". (Sentencia C- 221 de 1994 Corte Constitucional)

La medicina es por esencia una carrera humanística y de servicio. Su definición se encuentra consagrada en la Ley de Etica Médica, que dice en su Articulo 1. Parágrafo 1:

"La medicina es una profesión que tiene como fin cuidar la salud del hombre y propender por la prevención de las enfermedades, el perfeccionamiento de la especie humana y el mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad, sin distingos de nacionalidad, ni de orden económico-social, racial, político o religioso. El respeto por la vida y los fueros de la persona humana constituyen su esencia espiritual. Por consiguiente, el ejercicio de la medicina tiene aplicaciones humanísticas que le son inherentes".

A su vez, en el Juramento Médico aprobado por la Convención de Ginebra de la Asociación Médica Mundial, se declara en su último párrafo:

"Velar con sumo interés y respeto por la vida humana, desde el momento de la concepción y, aun bajo amenaza, no emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas"

La Ley 23 de 1981 habla de la responsabilidad en caso de riesgo previsto (Titulo II. Capitulo I Artículo 16):

"La responsabilidad del médico por reacciones adversas, inmediatas o tardías, producidas por efecto del tratamiento, no irá mas allá del riesgo previsto.

El médico advertirá de el al paciente o a sus familiares o allegados".

Riesgo para el paciente, el médico y la institución hospitalaria
Se entiende que ante el riesgo, más o menos grande, que entraña toda intervención médica, corresponde al paciente, y no al médico, tomar la decisión y asumirlo.

Si el paciente no está de acuerdo con la opción que el médico le presenta, puede elegir libremente a otro profesional que se haga cargo del asunto. En el caso de un "Testigo de Jehová», si se niega a aceptar transfusión en casos de cirugía electiva (no de urgencia), el médico y la institución pueden (con toda libertad), rechazar el caso o plantear otras formas de tratamiento, aunque estas no sean las mejores disponibles, pero que se pacten de común acuerdo con el paciente".

Por ejemplo, en caso de una aneurisma cerebral que requiere cirugía como forma ideal de tratamiento, puede presentarse una hemorragia intraoperatoria que lleve al enfermo a la muerte en las salas de cirugía si no se practica una transfusión. Si la persona rechaza la transfusión y es intervenido, pueden presentarse las siguientes circunstancias:

•  El paciente sangra moderadamente y no requiere de transfusión (baja posibilidad de ocurrencia), en cuyo caso se ha cumplido con la Lex Artis quirúrgica y se ha respetado la voluntad del enfermo.

•  El paciente presenta hemorragia masiva y el médico efectúa la transfusión, en contra de la voluntad del paciente, caso en el cual está violando dos elementos: el acuerdo contractual preoperatorio y el derecho fundamental del respeto a la libertad de cultos, exponiéndose a una segura demanda civil.

•  El intervenido sufre una gran hemorragia y el médico, respetando la voluntad del paciente no lo transfunde y este fallece en la sala de operaciones. En esta circunstancia, al respetar la voluntad del enfermo se viola la Lex Artis y se comete una forma de homicidio culposo.

Al evaluar el riesgo de un tratamiento, debe tenerse en cuenta el tipo de paciente, el campo de especialización del médico que lo atiende, los recursos de los cuales dispone, el momento de la enfermedad en el cual consulta, lo típica que sea la presentación de su enfermedad y otro número de variables.

Todo procedimiento médico tiene riesgos. El problema actual es que se tiende a trasladar dicho riesgo al médico, sin una razón suficiente. Anteriormente el enfermo era consciente de su estado y asumía las consecuencias del tratamiento, sin inculpar al médico por el fracaso. Era una posición responsable que se basaba en el principio de la buena fe recíproca: el paciente era sincero con el médico y le descubría su cuerpo y alma; iba a él en busca de ayuda y confiaba en que el médico, a su vez, haría lo que estuviera a su alcance para obtener la recuperación de la salud. Si no se lograba, no había reclamo. Ambos sabían que se había intentado y hecho todo lo posible.

Qué caso debemos aceptar bajo nuestro cuidado? Evidentemente los casos de urgencia no pueden ser rechazados por ningún motivo y esto lo tenemos claro los médicos.

"...Cuando no se trate de casos de urgencia, el médico podrá excusarse de asistir a un enfermo o interrumpir la prestación de sus servicios, en razón de los siguientes motivos:

•  Que el caso no corresponda a su especialidad.
•  Que el paciente reciba la atención de otro profesional que excluya la suya;
•  Que el enfermo rehúse cumplir las indicaciones prescritas..."

Artículo 7, Ley 23 de 1981

Además, la misma ley 23 expresa en su artículo 6 que:

"...El médico rehusará la prestación de sus servicios para actos que sean contrarios a la moral, y cuando existan condiciones que interfieran el libre y correcto ejercicio de la profesión..."

Con base en ambos artículos de la Ley 23, se puede sentar la posición de rechazar la intervención en personas que rehúsen ser transfundidas, porque el enfermo no admite cumplir las instrucciones médicas y, por otro lado, el médico se enfrenta a una clara condición que interfiere el libre y correcto ejercicio de su profesión.

La situación de urgencia es diferente. El paciente llega al servicio con lesiones que amenazan su vida gravemente. Existen las siguientes variables:

•  El enfermo se encuentra consciente y rechaza por completo la transfusión, caso en el cual debe firmar un documento que así lo afirme, aceptando la muerte y eximiendo al médico de participar en el tratamiento.

•  El paciente se halla inconsciente y se encuentra solo en urgencias, siendo llevado al quirófano en inminencia de muerte, lo cual ocasiona un estado de necesidad, que autoriza al médico a trasfundir, defendiendo el derecho a la vida

•  El paciente llega inconsciente y es acompañado por un familiar cercano que, obrando en su nombre, rechaza el uso de sangre. Si el paciente es mayor de edad el médico puede retirarse del caso, previa firma de un documento que explique la situación. En cambio, si el lesionado es menor de edad, puede el médico proceder a intervenir, apoyado por la Constitución , la ley y la jurisprudencia, que dicen que priman el derecho a la vida y los derechos de los menores por sobre cualquier otro derecho.

Transfusión sanguínea y Lex Artis ad HOC
La locución latina Lex Artis, literalmente 'ley del arte' o regla de la técnica de actuación de la profesión de que se trata, ha sido empleada para referirse a aquella evaluación sobre si el acto ejecutado se ajusta a las normas de excelencia del momento. Por lo tanto, se juzga el tipo de actuación y el resultado obtenido, teniendo en cuenta las características especiales de quien lo ejerce, el estado de desarrollo del área profesional de la cual se trate, la complejidad del acto médico, la disponibilidad de elementos, el contexto económico del momento y las circunstancias específicas de cada enfermedad y cada paciente.

La Lex Artis tiene en cuenta la actuación y el resultado. Se basa en el cúmulo de conocimientos de la profesión, en el momento en el cual se juzga o evalúa la acción médica y lo que con ella se obtiene. En resumen, la Lex Artis orienta a través de una serie de normas técnicas y procedimientos que pueden aplicarse en situaciones similares. Debido a la diferencia entre las personas, se establece por analogía y su evaluación corresponde a quienes conocen la profesión con mayor profundidad: los mismos médicos.

La ciencia agrupa todos los conocimientos demostrables. El pensamiento científico ha hecho al ser humano capaz de transformar la naturaleza y la sociedad. Sus fundamentos históricos son ancestrales y sus conceptos, en constante evolución, resisten el embate del tiempo. Según Descartes, los criterios de verdad quedan sujetos a la percepción clara y nítida de los objetos y los fenómenos: «Illud omne esse verum quod valde clare et distinete perceptio». Y llamaba claro a aquel conocimiento presente en los espíritus atentos, y que es tan preciso que se diferencia de todas los demás cosas. Así, una idea es verdadera porque es clara y evidente a la razón. Pero, queda entendido, el conocimiento es desde esta óptica, subjetivo

La tecnología es la aplicación de los conocimientos para resolver problemas humanos.

Es el juego de procesos, herramientas, métodos, procedimientos y equipo que se utilizan para producir bienes y servicios. La tecnología hace suposiciones sobre los valores humanos de los productos materiales y la calidad de vida de trabajo, entre otras cosas. Existe una herencia del pasado en tecnología: El desarrollo del lenguaje, la domesticación de animales, la conservación de alimentos, el reloj mecánico, etc.. El avance de la tecnología se ha denominado 'determinismo tecnológico'. La tecnología determina el curso de la sociedad. Sin embargo, no debemos ser simples usuarios de tecnología, sino administradores de tecnología, tomando decisiones inteligentes que evalúen el impacto de la tecnología sobre los seres humanos y el medio ambiente. Por esta razón, cuando se habla de la medicina como una ciencia, es preciso considerar a la vez, una tecnología que le proporciona instrumentos y una ética que imprime carácter a su trabajo.

Todos los elementos, científico, tecnológico y ético, pueden compilarse en la Lex Artis , que valora la aplicación del conocimiento médico con los parámetros de la excelencia. Es evidente que para cada época han existido parámetros diferentes, dado el nivel de desarrollo científico alcanzado hasta ese momento. Con el paso del tiempo, unas 'verdades' van siendo reemplazadas por otras más firmes y el apoyo de la técnica o de la tecnología abre nuevos horizontes y permite la inauguración de nuevos métodos. Por esta razón algunos filósofos de la ciencia hablan ahora de la provisionalidad del conocimiento, de la falibilidad como principio y de la necesidad de generar, para esta epistemología antidogmática, una ética que considere las aplicaciones de los descubrimientos científicos y sus aplicaciones tecnológicas.

Con esto en mente, debemos decir que, en muchísimos casos quirúrgicos es indispensable el uso de sangre y, por ende, llevar a un enfermo a un procedimiento de alto riesgo bajo el acuerdo de no transfundir en caso de necesidad, viola en forma flagrante la Lex Artis , entre otras cosas porque no se ha inventado todavía una substancia que reemplace a la sangre.

Culpa quirúrgica
El Código Penal señala en el artículo 37: «la conducta es culposa cuando el agente realiza el hecho punible por falta de previsión del resultado previsible o cuando habiéndole previsto, confió en poder evitarlo»

Como se observa, en la culpa ya no existe la intención de causar un resultado dañino determinado, sino que el resultado típico y antijurídico se produce por la omisión del deber de cuidado a que el agente estaba obligado en el caso concreto. De ahí que los elementos generadores de culpa sean: la impericia, la imprudencia y la negligencia.

Podemos decir, entonces, que la culpa es una forma de conducta irregular en la cual no media una intención de dañar, pero que viola preceptos de prudencia, pericia y diligencia al efectuar una acción determinada, pudiendo con tal descuido ocasionar un daño a otro.

Hasta aquí tenemos más o menos claro el concepto de culpa dentro del ámbito penal, pero en el campo civil tal concepto no se encuentra definido. Aun así, la ley civil sí se refiere a culpa leve, levísima y grave, razón por la cual nos limitaremos a adoptar en materia civil la definición que de ésta hacen los hermanos Mazeaud cuando refiriéndose a ella expresan: «es un error de conducta que no lo habría cometido una persona cuidadosa situada en las mismas condiciones externas que el autor del daño»

La conducta médica, cuando omite o actúa por fuera de los parámetros de la diligencia, pericia o prudencia, está inmersa en los supuestos de la culpa, y por ello, puede encontrarse dentro de los límites de la responsabilidad por el hecho desplegado. Dicha responsabilidad puede ser de tipo penal, civil o ético-disciplinaria.

Puede entonces decirse que el médico, utilizando su razón y sus conocimientos científicos, prevé, discierne y previene el advenimiento de una complicación.

Es importante tener en cuenta que cuando se hable de culpa, al mirarse si la persona fue imprudente, inexperta o negligente, deberá comparase su conducta con la de una persona de iguales características y en igualdad de circunstancias. En el caso médico, diríamos que si se investiga a un especialista en cirugía por negligencia, su conducta deberá juzgarse basados en la conducta de otro cirujano de iguales condiciones.

Imprudencia quirúrgica
(Del lat. imprudentia.) 1. Falta de prudencia. 2. Acción o dicho imprudente, temeraria. Der.

Punible e inexcusable negligencia con olvido de las precauciones que la prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar hechos que, a mediar malicia en el actor, serían delitos. (Vigésima Primera Edición 1.992, pág. 1149).

La imprudencia consiste entonces en un obrar sin aquel cuidado que según la experiencia corriente debe tenerse en la realización de ciertos actos; es un comportamiento defectuoso resultante de una respuesta al estímulo que la provoca sin que el sujeto haya realizado la suficiente valoración sobre la oportunidad o inoportunidad, conveniencia o inconveniencia de la reacción y, desde luego, sin la suficiente graduación de la intensidad de su efecto. Así vemos, que se trata de una falla de la esfera intelectiva del sujeto, que lo lleva a desplegar una conducta sin las precauciones debidas en el caso concreto.

En materia médica, podemos decir que la imprudencia consiste en una acción temeraria que se realiza a pesar de haberse previsto el resultado adverso que ocasiona el daño en el enfermo. Esto equivale a efectuar un acto médico sin las debidas precauciones o a no implementar las medidas que puedan evitar o atenuar un resultado no deseado y nocivo para el paciente. Es la conducta opuesta a la que aconsejarían la experiencia y el buen sentido de un especialista en determinado aspecto de la medicina.

Refiriéndose al tema que tratamos, el Profesor Carlos M. Arrubla expresa:

«... el criterio objetivo que rige la calificación de una conducta como imprudente, viene dado por la siguiente regla: un resultado perjudicial para un paciente, será objetivamente previsible, si lo hubiera sido para cualquier otro médico puesto en la situación del actuante, conociendo los antecedentes del caso, y en el mismo estado técnico-científico de la medicina en general, y de la especialidad en particular...»

Si bien la imprudencia se define como un hecho en el cual no media la intención de dañar, el acto imprudente precede a la calamidad pues se acompaña de falta de previsión o de ausencia de precaución. Cuando el acto es de tipo omisivo, prima la negligencia. Cuando se debe a falta de conocimiento de lo que debería saberse, la hipótesis culposa se basa en la impericia. Sin embargo, puede haber violaciones simultáneas (impericia, negligencia e imprudencia) del deber de cuidado que la sociedad exige a cada uno de sus miembros.

Algunos tratadistas afirman que no existe mayor diferencia entre la culpa médica y la culpa común. Aparentemente, la culpa por imprudencia es la menos difícil de evaluar e juzgar, pues en teoría nace de la lógica elemental de los actos humanos.

Desde este ángulo, llevar a un enfermo a una intervención que, previsiblemente, va a necesitar de transfusión y, simultáneamente, se ha pactado no utilizar elementos sanguíneos, se configura un cuadro de imprudencia flagrante que, en caso de daño o muerte, obliga a responder por culpa médica grave.

Hay que recordar que, en casos de urgencia, se enfrentan las siguientes opciones:

•  EVITAR LA OPERACIÓN. Situación que, en consciencia, no se puede aceptar, pues la obligación del médico es preservar la vida por encima de cualquier situación. Por otro lado, por tratarse de un caso de urgencia, no se puede rechazar el tratamiento, pues se violarían numerosas normas.

•  NO PROCEDER CON LA TRANSFUSIÓN EN CASO DE EXTREMA URGENCIA. Caso en el cual se estaría cometiendo un homicidio culposo, pues se tienen a mano los elementos terapéuticos necesarios (sangre y sus derivados). Esta posición es inaceptable desde nuestro punto de vista ético y profesional.

•  TRANSFUNDIR EN CASO DE EXTREMA URGENCIA. Circunstancia inevitable en este caso particular, que puede violar las creencias religiosas, pero que defiende un derecho fundamental de mayor peso, cual es el derecho a la vida.

La Constitución Colombiana , cúspide del ordenamiento jurídico afirma en su ARTICULO 11 (DERECHO A LA VIDA ), que esta es inviolable y conforma el primero de los derechos fundamentales. Por esto, mal haríamos los médicos en negarnos a transfundir en caso de urgencia extrema, pues atentaríamos contra este derecho y no estamos en disposición de hacerlo, bajo ninguna circunstancia.

Por otro lado, somos conscientes de sentencias recientes de nuestra Corte Constitucional que apoyan esta posición médica y con base en ellas, procederemos en consecuencia. En la Sentencia T-474 de Sept 25 de 1996, se enfatiza que:

«...ante la presencia de un conflicto de derechos constitucionales fundamentales, -la vida y la libertad de cultos-. Ha de protegerse aquel de más valor, en este caso la vida, ya que es la base para el ejercicio de los demás derechos y, por ende, merece toda la protección que el Estado puede proporcionarle...»

Inclusive en sentencia Previa (T-452/92), la Corte señala que:

«...El primero de los derechos fundamentales es el derecho a la vida... resulta la vida un presupuesto para él ejercicio de los demás derechos...»

Y la sentencia T-534/92 expresa que en la Constitución de 1991, el derecho a la vida, más que reflejo de una obligación estatal es un derecho fundamental, con mayor alcance y autonomía, y con la Acción de Tutela como mecanismo idóneo para su protección. Está consagrado en el artículo 11 como inviolable. Es un derecho absoluto, por lo cual no admite límites, como sí lo hacen otros derechos. Igualmente, constituye la base para el ejercicio de los demás derechos consagrados. Es el presupuesto indispensable para que cualquier sujeto se constituya en el titular de derechos y obligaciones. Así, el primer deber del Estado es el de proteger la vida de los asociados, adoptando las medidas necesarias para garantizar a sus ciudadanos una vida digna, todo ello fundado en el respeto por la dignidad humana, pilar fundamental del Estado Social, y en el objetivo fin esencial al mismo de garantizar la efectividad de los principios y derechos.

Exculpación en caso de muerte por no transfundir
Ordinariamente se hace referencia a la fuerza mayor, caso fortuito, legítima defensa, estado de necesidad, el hecho de un tercero, la culpa o intervención de la víctima en el resultado dañoso, como situaciones especiales en las que la persona demandada en responsabilidad civil o penal se libera de la reparación del daño.

 Adonai los cuide,Todos tenemos derecho a la vida y si se le permite a estos grupo[Sectas] que siguan con esta mentira,mas adelante se podran en contra de los procedimientos quirujircos.Shalom :fpr: :fpr: :adios: :hello2: :hello: